Editorial del 22 de noviembre de 2022

El Gobierno ha anunciado que abrirá expedientes sancionadores a los organizadores de las concentraciones del 20-N en la plaza de Oriente de Madrid, donde el domingo hubo gritos de "¡Viva a Franco!", se cantó el Cara el Sol con el brazo en alto y se profirieron todo tipo de loas y homenajes al golpe de Estado del 36 y a la dictadura.

La de este año no ha sido una manifestación muy distinta a las anteriores, la diferencia es que por primera vez, 47 años después de la muerte del dictador, está en vigor una Ley que prohíbe expresamente alabar la memoria del dictador.

Vamos a hablar de la aplicación de la ley en actos públicos de reivindicación del franquismo. La marcha se autorizó y sus promotores se comprometieron a que no ocurriera lo que finalmente pasó aunque era más que previsible que la conmemoración adquiriese los tintes que se vieron y escucharon. Hay quien defiende la libertad de expresión, incluso para celebrar a un régimen que aplastó esa libertad y todas las demás. Y otros creen que hay que parar los pies y aplicar la ley como se hizo en otros países que sufrieron modos de gobierno criminales. El profesor Casanova suele decir que el rechazo a la dictadura y a las violaciones de derechos humanos no ha formado parte de la construcción de nuestra cultura política democrática.

47 años después, ¿es tarde? ¿o es justo y necesario?