Editorial del 10 de febrero de 2021

La Eurocámara acaba de aprobar que todos los Estados Miembros persigan penalmente el uso de servicios sexuales prestados por víctimas de la trata, una directiva que se ha aprobado con 571 votos a favor, una amplísima y vigorosa mayoría.

El Parlamento Europeo quiere poner cerco a la explotación sexual de niñas y mujeres, la forma de trata de seres humanos más frecuente y cruel en la Unión Europea, y por primera vez lo ha hecho poniendo el foco en los mal llamados “clientes”, esos a los que hay que llamar por su nombre, los puteros.

En un informe del 2016 realizado por la Universidad pontificia de Comillas, se llegó a la conclusión que un porcentaje nada desdeñable de esos “clientes” de prostitución detectaron situaciones de maltrato o coacción en las jóvenes con quienes se acostaban. Pero ninguno denunció ni hizo nada, la mayoría por miedo a que sus familias se enterasen de su vida secreta.

La trata de personas, sobre todo mujeres y niñas, es un sector que mueve más dinero en Europa que el tráfico de armas y de drogas, juntos. Son datos escalofriantes que nos ponen ante la auténtica dimensión del problema. Es sorprendente que a estas alturas, en democracias avanzadas como las europeas, no se pongan todos los medios para acabar con la esclavitud del siglo XXI, la esclavitud sexual.