Editorial del 9 de febrero de 2021

Este viernes vence el plazo para que el rapero Pablo Hasél ingrese voluntariamente en prisión, donde debería cumplir una condena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.

Ayer por la noche, pocas horas después de que se publicara un potente manifiesto de artistas de primer orden contra su condena, la Moncloa anunciaba una revisión de este tipo de delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.

Por otra parte ayer ponía en duda el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, la calidad democrática de nuestro país. Podría decirlo un activista social pero es dudoso que eso pueda expresarlo, sin más, un miembro destacado del gobierno.

La calidad democrática de un Estado no es fácil de medir. Los criterios de evaluación son múltiples y dependen de las particularidades de cada Estado.

En Cataluña, por ejemplo, el establishment independentista considera que sin referéndum la democracia languidece. Ahora bien, que la mitad de la población, o más, esté en contra y no se les tenga en cuenta, no les parece de mala calidad democrática.

Hay índices evaluables claros como la libertad, los derechos, la igualdad... y otros más complicados de medir. Pero es un gran tema para la reflexión.


Política de Privacidad Política de Cookies © 1998-2024 juliaotero.net