Editorial del 8 de octubre de 2020

Una semana han durado las restricciones en la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es el gran tema del día, acaba de anularlas al entender que suponen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que lo ampare.

El mismo tribunal que dio el visto bueno a las restricciones de movilidad en los barrios trabajadores del sur de Madrid niega ahora esa opción para el resto de barrios de la ciudad.

No es una cuestión de fondos, sino de forma. De habilitación legal, viene a decir el tribunal. Pero, desde luego, el desconcierto es enorme.

Quien sale victorioso de esta guerra político-judicial es desde luego el virus. El virus que podrá circular sin ninguna restricción.

Estamos en la vigilia del puente del Pilar y sin aval judicial no hay medidas legales para evitar que los madrileños se desplacen, por ejemplo, a segundas residencias. Algo que ya han desaconsejado todas las autoridades, empezando por el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y, hace apenas cinco o seis minutos, la propia presidenta, la señora Ayuso.

Primero van a los tribunales, les dan la razón, y luego piden que no se haga caso y que se queden en casa. ¿Qué puede salir mal?