Editorial del 11 de junio de 2013

La capacidad de hacer amigos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, empieza a rayar en el prodigio.

Según ha sabido Onda Cero, 13 magistrados del Tribunal Supremo han convocado para mañana una reunión con sus compañeros para redactar una declaración contra “la invasión de la independencia judicial” que supone el proyecto de Gallardón para reformar el Consejo General del Poder judicial.

Magistrados conservadores y progresistas manifiestan su enorme preocupación por una injerencia política que supone un ataque obvio a la independencia de los jueces. En concreto, aunque no es el único aspecto, preocupa a los magistrados la introducción de la figura de un vicepresidente en el Supremo que temen que sea un auténtico comisario político. Si el presidente del Supremo es nombrado por el gobierno y el vicepresidente por el presidente nombrado por el gobierno, habrá una concentración de poder político de la misma tendencia. Ahora sería conservadora y en otro momento, progresista... pero siempre sesgada hacia un lado. O sea, sus señorías se quejan con toda la razón. Y los ciudadanos, también debiéramos hacerlo.