Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 3 de mayo de 2013
Los dirigentes políticos tienen familia y amigos, pero o no les dicen la verdad, o no los escuchan. Por eso carecen a menudo de la más elemental empatía, que es precisamente lo que distingue a los primates superiores. Somos humanos en la medida en que nos podemos poner en la piel de otro.
A una ciudadanía desconfiada y desmoralizada no se le puede pedir paciencia como al que no encuentra taxi un día lluvioso. La irritación ha entrado en barrena, estamos haciendo bola y así no se puede tragar. El reality show tras el Consejo de Ministros de hace una semana, aquel en el que la vicepresidenta y los dos ministros del área económica salieron a tomarnos el pelo con palabras que ni un filólogo había oído antes, es un buen ejemplo. Hora y media les llevó no explicar nada, lo cual es francamente meritorio, dado que en cualquier momento existía el riesgo de llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, inasequibles a la transparencia, resistieron como jabatos entre la «desindexación», la «novedad tributaria», el futuro «envolvente» y el «reordenamiento de las cifras». Unos días después, ya en diferido, hemos ido descubriendo lo que quedó sepultado en aquella rueda de prensa. Los profesores de comunicación tienen, desde luego, un poderoso documento audiovisual para mostrar a sus alumnos cómo las palabras pueden ser más eficaces tapando la realidad que describiéndola.
Con todo, la falta de coraje y empatía de los gobernantes y la sensación cada vez más extendida de que no saben lo que tienen entre manos no es lo peor. Si paseasen por las calles y fueran permeables a las conversaciones que surgen en cada rincón, observarían que la creencia más generalizada es la de la estafa, ese delito sistemático y grosero contra nuestros bienes y patrimonio colectivos. Y ahora viene lo más insoportable, la gasolina que se arroja al incendio: la impunidad.
Investigar los delitos
La Comisión de Derechos humanos de la ONU establece la obligación de todo Estado de investigar los delitos, poner a sus responsables ante la justicia y que sean castigados con las penas apropiadas. ¿Dirían que en España ese principio goza de buena salud? ¿Qué les parece que dos gobiernos diferentes hayan retorcido las leyes para intentar borrar el delito cometido por un banquero, por el que fue juzgado y condenado? ¿Por qué los Albertos nunca pisaron la cárcel si hasta el Ttribunal Supremo confirmó que son delincuentes? (Por cierto, el Gobierno tiene sobre su mesa la petición de su indulto). ¿Qué hace Millet tomando café en las terrazas de la Bonanova? ¿Y Bárcenas? ¿Alguien duda de que llegará el indulto a Pallerols? ¿Aguarda algún castigo a Rato, Blesa y los gestores de cajas de ahorros que provocaron el mayor agujero negro de nuestra historia?
Cuando los que están en la sala de máquinas tienen reacciones histéricas ante las protestas ciudadanas, habría que decirles: es la impunidad, estúpidos. Nada entierra más rápido la esperanza que la insolente falta de justicia.