Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 12 de abril de 2013
España es el único Estado de Europa sin ley de transparencia, a excepción de los que viven de la opacidad, es decir, Chipre, Malta y Luxemburgo, países diminutos que se alimentan precisamente de los dineros ajenos, a menudo sucios. ¿Por qué España es diferente si tenemos régimen democrático desde hace más de 30 años? Mientras el terrorismo etarra practicó no solo el asesinato sino además la extorsión, parecía razón suficiente la de mantener a salvo la información sensible. Podemos aceptar ese supuesto, pero aun con limitaciones hubiera podido instaurarse algún tipo de control por parte de los ciudadanos sobre cómo y en qué se gastaba nuestro dinero. Pero como lamentarse de lo no hecho solo conduce a la melancolía, avancemos y veamos dónde estamos y cómo salvar lo que nos queda después del saqueo general.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a los tres meses de llegar un anteproyecto de ley de transparencia con la idea de regenerar y limpiar la mala imagen de los políticos. Aquello se vendió con mucho bombo: era un proyecto clave para echar el freno definitivo al despilfarro y recuperar la confianza. Bien. Ha pasado un año, la ley ni siquiera ha iniciado su tramitación parlamentaria, se ha ampliado hasta en 25 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas y nadie se atreve a poner fecha a su aprobación. El propio Rajoy afirmó hace un año que al fin «la gente sabrá en qué se gasta su dinero, y si se enchufa a alguien saldrán el nombre y los apellidos y habrá que dar explicaciones». Claro que entonces Bárcenas pasaba aún por ser solo un esquiador alpino con mucha afición.
A los cuatro meses de llegar a la Casa Blanca, Barack Obama puso en marcha una web donde cualquier norteamericano puede informarse hasta de con quién se reúne el presidente. O sea, sí se puede. Hay que querer.
Derecho a saber
La lentitud española -no son conscientes de lo sospechosa que resulta- obedece a dos aspectos: aún no han decidido a quién debe aplicarse la ley de transparencia y están todavía definiendo sus límites. No sé ustedes, pero a mí me da la risa, porque la respuesta es asombrosamente fácil: hay que poner bajo el foco a todo el que reciba dinero público, sin más límite que el que puedan dibujar, llegado el caso, el Ministerio del Interior o el de Defensa. El ciudadano tiene derecho a saber las cuentas de los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las fundaciones, las oenegés, la Iglesia, todas las administraciones y cualquier organismo o entidad que se mantenga con dinero de todos. O sea, la Casa del Rey, la primera de la fila.
Sería estupendo que nadie circulase a más velocidad de la permitida por convencimiento propio, pero todos sabemos que sin radares espiándonos perdemos los principios. La ley de transparencia es el radar que debe protegernos de tesoreros ladrones, gestores mangantes, empresarios tramposos, yernos aprovechados o hijos insaciables. ¿A qué esperan? Cuanto mayor parece su miedo al control, más grande se hace nuestra sospecha.