Editorial del 10 de enero de 2023

No solamente hubo un diciembre trágico, con 11 mujeres asesinadas, es que hemos empezado el año con cuatro asesinatos machistas más en un solo día. En dos de esos casos, los asesinos ya habían sido denunciados anteriormente, pero aún así el sistema no impidió que reincidieran.

Es tan alarmante lo que está ocurriendo en los últimos días, que este mediodía el Ministerio del Interior ha convocado una reunión urgente para analizar este repunte de asesinatos machistas y plantear un protocolo que permita advertir a las mujeres del pasado maltratador de su pareja.

Hay que revisar todas las herramientas disponibles para evitar que esos criminales en potencia lleguen a actuar. Pero no es fácil porque el derecho a la integridad física de las mujeres puede colisionar con el derecho a la privacidad de los agresores. Hay fallos en la ley que protege a las víctimas, por ejemplo cuando se adjudica un bajo nivel de riesgo a mujeres que luego han sido asesinadas y eso ha ocurrido en los últimos días.

¿Por qué no funcionan los protocolos actuales contra la violencia de género? ¿faltan recursos? Siempre estamos repitiendo la importancia de denunciar, pero ¿de qué sirve? si luego el sistema no es capaz de proteger a las que se atreven a dar ese paso que nunca es fácil. ¿Avisar a las posibles víctimas de que viven con quien maltrató a otras antes puede hacerse jurídicamente? ¿sería útil que fuese así?