Editorial del 19 de enero de 2021

Judicializar la política encierra muchos peligros; pero a veces, como es el caso, la Justicia tiene que poner en su sitio a los políticos irresponsables. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dicho hace un par de horas que el decreto de aplazamiento de las elecciones en Cataluña hecho por la Generalitat, no vale. No solo podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los catalanes, es que una vez puesto en marcha el reloj electoral no puede pararlo un decreto de quién ni siquiera convocó esas elecciones.

O sea, las elecciones del 14 de febrero en Cataluña vuelven a estar en vigor, en espera de que el Tribunal entre en el fondo de los recursos hoy estimados. Los argumentos de juristas de prestigio y de toda condición se ven pues confirmados: el aplazamiento parecía una cacicada seguramente porque lo es. Una cosa es aplazar unas semanas -2,3,4- en espera de que pase el pico de la pandemia y otra que no se les ponga ni siquiera fecha y se hable, por aproximación, de finales de mayo.

Un gobierno cuyo titular inhabilitado, Torra, dio por acabada la legislatura hace un año, tuvo después muchos momentos para llamar a las urnas a los catalanes. No se hizo por cálculos electorales y seguramente por lo mismo, han intentado ahora un aplazamiento sine die. A los que llevan años con el raca-raca de “queremos votar”... resulta que ahora no les va bien y tienen una pandemia en la que parapetarse, como si fuera una sorpresa que hay Covid aún para rato.