Editorial del 15 de febrero de 2017

Pasmados nos hemos quedado al saber que en el seno del Banco de España se inició ayer una indescriptible recogida de firmas para apoyar a los altos cargos que ayer se vieron obligados a dimitir al ser investigados por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia.

Esa sala corrigió hace dos días al juez Andreu que se había negado hasta ahora a imputar a los ex máximos responsables del Banco de España y de la CNMV, pese a que se habían incorporado a la causa de la salida a Bolsa de Bankia, correos de un inspector advirtiendo de que la operación acabaría en desastre como finalmente ocurrió.

De todos los llamados a investigar, tres siguen trabajando en el Banco de España, y es a ellos a los que supuestamente quieren respaldar con esa recogida de firmas de la que ahora pretende desmarcarse la dirección general. En un comunicado emitido hoy, el organismo que preside Luis María Linde, dice ser ajeno a esta iniciativa aunque eso sí, “merece comprensión”. Eso sí, ayer, en otro comunicado el Banco de España dijo confiar plenamente en el trabajo de todos los investigados a los que agradeció los “servicios prestados”.

¿Prestados a quién? Nos preguntamos. ¿A los contribuyentes a los que nos ha costado la broma más de 22 mil millones de euros?