Editorial del 30 de abril de 2015

Llevamos tantos años escuchando cómo todo tipo de cargos públicos han robado a cuenta del erario público, que nos vamos inmunizando. O tal vez es que no damos abasto.

Los últimos episodios, uno en Cataluña y otro en Castilla León, no son ejemplos menores. El caso Innova, que tiene ya más de 60 imputados, entre ellos la primera teniente de CiU del ayuntamiento de Reus, está poniendo de manifiesto que el modelo sanitario de Cataluña es un nido de corrupción. El servicio Catalán de Salud distribuye desde hace años todo su presupuesto entre hospitales públicos y privados. La externalización, subcontratas y más subcontratas, han propiciado tantas irregularidades que es fácil suponer que mientras se cerraban plantas y quirófanos, otros se lo estaban llevando crudo. Cuando la corrupción se practica en un sector como el sanitario, la repugnancia es mayor porque se está jugando con la salud de los ciudadanos.

En el caso de Castilla y León, el escándalo de los parques eólicos tiene hoy nuevo capítulo en El País. Años de papeleo y burocracia para conseguir la autorización para 15 parques eólicos, se resolvieron en días, siempre y cuando determinados altos cargos de la Consejería de Economía, recibieran presuntamente su recompensa. Está documentado que empresas como Iberdrola pagaron sumas multimillonarias para poder instalar los aerogeneradores en Castilla y León. Todo debidamente maquillado aunque no tanto como para engañar a la Agencia tributaria. El inventario del latrocinio es largo pero habrá que tenerlo presente a la hora de votar.