Editorial del 30 de mayo de 2014

Después de la cuarta noche de altercados, de decenas de detenidos y de un barrio tomado por los antidisturbios, el ayuntamiento de Barcelona ha decidido parar el derribo de la finca ocupa de CanVíes que tantos dolores de cabeza está provocando en momentos ya de por sí delicados para el gobierno de Cataluña.

El desalojo y derribo se produjo después de haber esperado 17 años, justo después de las elecciones -y eso no es casual desde luego- y que ahora se detenga la demolición tampoco lo es. En Cataluña se extiende la opinión de que las imágenes violentas que se difunden perjudica políticamente al movimiento soberanista y esa es la razón por la que probablemente el ayuntamiento, en manos de Ciu, se ha doblegado a las exigencias de los activistas de Can Víes. Las decisiones políticas deben tomarse de acuerdo a la legalidad, la justicia y las convicciones. Hacerlo por cálculos electorales es otra forma de engañar.