Editorial del 30 de enero de 2013

Por raro que parezca, PP y PSOE han llegado a un acuerdo para dar respuesta al repugnante asunto de las llamadas acciones preferentes, esos productos de alto riesgo que fueron comercializados por varias cajas de ahorros y que dejaron a miles de españoles sin los ahorros de toda una vida.

Gobierno y oposición han pactado la creación de una comisión que revisará caso por caso esa estafa en toda regla, vendida por CatalunyaBanc, Novagalicia y Bankia. El objetivo de esa comisión, que tendrá control parlamentario, es definir el perfil de cliente que pueda acudir a un arbitraje y recuperar así el cien por cien de su inversión.

Era una obscenidad que entidades financieras a las que se ha inyectado una ingente cantidad de dinero público, se negasen a devolver sus ahorros a miles de ahorradores que fueron engañados, muchas veces, por su Caja de toda la vida.

Eso sí, hay que exigir que las condiciones para la recuperación total del dinero, no sean tan draconianas como las ahora vigentes, o sea, las que contemplan solo graves irregularidades, como falta de firma, o huella dactilar de una persona analfabeta, para que el “estafado” recuperase su dinero. Lo seguiremos con interés, no sea que estemos celebrando una solución, como la de los desahucios, que deje fuera a casi todos.


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