Editorial del 8 de marzo de 2012

El mismo día en que la Reforma Laboral ha sido aprobada en el Congreso de los diputados con amplísima mayoría que incluye los 16 votos de Convergencia i Unió, el Tribunal superior de Justicia de Cataluña ha resuelto avalar la política lingüística del gobierno catalán.

En un pronunciamiento salomónico, el Tribunal da razón a las tres familias que exigieron que sus hijos recibieran su educación en castellano, pero al mismo tiempo avala que sea el catalán la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Es decir, dado que el problema lo tienen 3 familias, son al menos las que denunciaron la supuesta imposición del catalán, la Justicia le dice al gobierno que atienda sus peticiones pero que puede seguir adelante con el modelo educativo vigente.

Será francamente difícil que los padres insistan en segregar a sus hijos de los demás y que sean educados en español separados del grupo, aunque es verdad que este mediodía las tres familias han dicho que piensan recurrir. Si lo hacen, recorrerán el camino con mucha mayor soledad de lo que lo hicieron hasta ahora. Los tiempos han cambiado y la entente entre PP y Convergencia les dará un baño de realismo.