Editorial del 20 de diciembre de 2012

Ahora que se habla mucho, sobre todo en la comunidad de Madrid, de externalizar o privatizar –que es lo mismo- algunos servicios de la Sanidad Pública, conviene echar una ojeada a lo que ha ocurrido en Cataluña recientemente. No es el único caso, pero es el último.

Hace 10 años se creó una Fundación que debía gestionar equipos de alta tecnología para el diagnóstico médico. En teoría trabajaba para tres hospitales públicos, el Clínico, el Vall d’Hebrón y el hospital del Mar. Pues bien, el juzgado de lo social 17 de Barcelona da por probado que un holding privado llamado CRC, desvió al menos 5 millones y medio de euros hacia sus cuentas.

Dado que los directivos de esa empresa privada, eran los mismos que los de la Fundación pública, fueron distrayendo dinero público que debía ser para la Sanidad pública a su negocio privado, también sanitario. Entre todos los contribuyentes hemos pagado incluso los gastos de comida de los trabajadores de esa empresa privada.

No hablamos de suposiciones, repito, es sentencia judicial.

Si la privatización de servicios sanitarios es para racionalizar el gasto, pocos pondrían problemas. Lo malo es que sirva para hacer medrar negocios privados a cuenta de todos. O el control es exhaustivo o, si es como hasta ahora, que no les extrañe el recelo de una parte importante de la población.