Editorial del 12 de abril de 2010

El caso Egunkaria no era ningún caso, era una especie de enorme prejuicio que llevó a un juez de la Audiencia Nacional a cerrar el periódico vasco, cuyo único “delito” era, según la sentencia absolutoria conocida hace unas horas, publicar el periódico en euskera.

El juez Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, escribe que “la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y controlado por ETA, conduce a una errónea valoración de datos y a una imputación inconsistente”.

Por si ese fragmento de la sentencia no es ya lo suficiente claro, añade que las “acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA ni se ha acreditado que el periódico haya defendido los postulados de ETA ni siquiera se ha publicado un sólo artículo a favor del terrorismo”. En noticias mediodía en Onda cero, la acusación particular (la AVT y la DyJ) han dicho, sin embargo, que la sentencia del juez Bermúdez no tiene “ninguna base jurídica”. Entendemos, pues, que piensan recurrir a pesar de la claridad manifiesta de la sentencia absolutoria.

Independientemente de lo que ocurra a partir de ahora, habría que reflexionar sobre el daño que lo ilegal o delictivo provoca en la lucha contra ETA. Si el episodio Gal fue un repugnante atajo que consiguió el efecto contrario, el cierre de un periódico por el hecho de publicar en euskera tampoco hace ningún favor a la causa democrática.


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