Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 11 de enero de 2013

Recetar una aspirina para curar un cáncer. Eso vino a ser la reforma de la ley de financiación de partidos políticos aprobada hace solo tres meses por el Gobierno de Mariano Rajoy. En su articulado se introdujo la novedad de dar potestad al Tribunal de Cuentas para imponer sanciones a aquellos partidos que cometan infracciones graves, como por ejemplo, superar el techo de gasto electoral, la falta de transparencia en las cuentas o la aceptación de donaciones por encima del límite legal. Podría presumirse, entonces, cierta buena voluntad en la reforma de la ley si no fuera porque el plazo de prescripción de las infracciones es de cuatro años, y el Tribunal de Cuentas lleva un retraso de cinco años en sus menesteres investigadores. O sea, a los chanchulleros de los partidos les sobra un año de prescripción. Tal vez por eso se entiende el éxito que tuvo la propuesta en el Congreso: 308 diputados votaron a favor. Nunca resultó más fácil que una mayoría apabullante de señorías se pusieran de acuerdo. En definitiva, que falta voluntad para poner algo más que parches en la ley que debiera sacar la financiación de los partidos de ese lugar turbio en el que está instalada.

El campesino del PER

Sirva el preámbulo para acercarse al 'asunto' Pallerols. Desde lo de Juan Roldán, robando a los huérfanos de la Guardia Civil, no se recordaba un episodio más cutre que el de unos caballeros cristianos llevándose el dinero de los parados. Nadie puede tener en su currículo, como es el caso de Josep Antoni Duran Lleida, la frase hiriente sobre el campesino-tramposo andaluz, subsidiado con el PER mientras pasa el día en el bar del pueblo, y no tener siquiera el coraje de salir a pedir disculpas cuando han encontrado a algunos de los tuyos metiendo la mano en la bolsa.

Pese a lo zafio de esta historia, hay dos apuntes que no podemos descuidar. El primero es que más de la mitad de los casos descubiertos de corrupción y fraude que se producen en el país acaban con acuerdos parecidos: uno se declara culpable, repara económicamente el daño y el fiscal te rebaja la pena y te ahorra el juicio. Puede que no sea una hermosura moral pero es legal. Y pragmático por ambas partes. Lo que vale para un ciudadano anónimo, ajeno a la pena del telediario, debe aceptarse también para un cargo público. Con una condición: que se vaya a casa y deje a otros la representación de los ciudadanos que le eligieron.

La otra cuestión es el descaro con que se pronuncian los que debieran estar más callados. Si ha habido un nido infecto de corrupción que nos ha llevado a la ruina, han sido todas las Bankias que estamos rescatando a base de impuestos y sacrificios. Los gestores de ese desastre están ricamente en sus cuarteles de invierno contando los ceros de sus cuentas corrientes. ¡Qué digo! Alguno, como Rodrigo Rato, ni siquiera está guardando el luto con discreción y ha aceptado alegremente ser consejero de una gran compañía cuyo presidente le debía más de una. 'Tot plegat, un fàstic'.


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