Editorial del 6 de abril de 2016

La noticia del ámbito judicial hoy es la apertura de Juicio oral contra los ocho antiguos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM.

La jueza de la audiencia Nacional Carmen Lamela sienta en el banquillo al que era presidente del CAM -y amigo del alma de Francisco Camps- a los directores generales y a otros directivos de la Caja. Falsearon las cuentas de la entidad hasta el punto de declarar 39 millones de beneficios solo tres meses antes de que se descubriese un agujero de 1.200 millones de euros, que acabó constándonos a los españoles 2.800 millones de fondos públicos.

Los beneficios ficticios sirvieron a los ejecutivos para cobrar bonos millonarios y la asignación también millonaria de prejubilaciones con las que pretendían un retiro dorado. Una desfachatez que produce tanta vergüenza como indignación.

La fiscalía anticorrupción pide penas de 7 años de prisión. Si son condenados, sería la cuarta vez en España que ocurriría. La primera condena fue para los gestores de la Caixa Penedés, la segunda para los de Nova Galicia y la tercera, para la Caja de Castilla- La Mancha. Todos los anteriores fueron condenados a 2 años de prisión. Ahora bien, como no tenían antecedentes, ninguno ha acabado entre rejas. ¿Ustedes dirían que el castigo ha sido - está siendo el suficiente como para escarmentar a otros? Pues eso.


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