Editorial del 20 de enero de 2016

Mientras se discute en el congreso la composición de los grupos políticos, y en espera de un nuevo gobierno, sea el que sea, la vida fluye y las decisiones que hay que tomar competen al actual ejecutivo en funciones. No es menos legítimo, pero hay quién se teme que se autoricen iniciativas contrarias a lo que defiende la mayoría parlamentaria actual. Por ejemplo, la apertura de la central nuclear de Garoña.

Este mediodía Greenpeace ha pedido que se paralice el proceso hasta que haya nuevo gobierno. Esta no es una cuestión baladí dado que la vida útil de las centrales nucleares españolas, incluida Garoña, era para 40 años. Haberlos cumplido es lo que la mantiene cerrada desde hace 3 años y, hoy, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear tiene que analizar informes y dictaminar si impulsa o no su apertura. Una decisión que tiene finalmente la última palabra en el Ministerio de Industria.

Ocurre, sin embargo que, según cálculos de Greenpeace, 178 de los actuales 350 diputados del Congreso -o sea mayoría absoluta- se comprometieron a no dar nuevas licencias a las viejas centrales nucleares.

No parece pertinente que una decisión tan importante pueda tomarla un gobierno en funciones, y menos sin que se haya producido debate público alguno. Ya sabemos que las eléctricas presionan pero no sería de recibo que, conociendo la mayoría parlamentaria actual, el gobierno permitiese una decisión contraria a esa mayoría.