Editorial del 15 de enero de 2016

Puede que ustedes recuerden la estupefacción que produjo a la opinión pública y a la publicada que los dos ordenadores que Luis Bárcenas había usado como tesorero en la sede del PP fueran entregados a la justicia sin discos duros.

Bárcenas había denunciado a su empresa, el PP, por robo de los portátiles, en los que supuestamente habría anotaciones contables sobre la contabilidad B del partido. Corría la primavera de 2013. Meses después, en Octubre de aquel mismo año, una jueza decidió archivar la investigación al considerar que el PP no había cometido delito de daños ni de encubrimiento.

La decisión supuso un escándalo porque era difícil de entender y hoy, 2 años y tres meses después, la Audiencia provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias para investigar quién mandó destruir los discos duros de Bárcenas. El rapapolvo de la Audiencia a la jueza es sonoro cuando le recuerda que un ordenador puede ser propiedad de una empresa pero lo que contiene su disco duro pertenece a su usuario, en este caso, Bárcenas.

Con esta reapertura no se conseguirá recuperar lo destruido, el disco duro, pero sí quién mandó destruirlo. Porque eso, también es delito.