Editorial del 1 de septiembre de 2015

Tanto hablar del artículo 155 de la Constitución, y resulta que no hay en la Carta Magna ninguna forma de hacer frente a una declaración unilateral de independencia. Por eso, a estas alturas, con urgencia máxima y sin ningún debate previo, el gobierno quiere modificar la ley del tribunal constitucional para que desobedecer sus resoluciones tenga castigo.

¿Es ese el plan B del gobierno? A pocos días de las elecciones y por sorpresa, el gobierno intenta que el alto tribunal tenga nuevas atribuciones. Ha sido el candidato García Albiol el que ha registrado la iniciativa en el Congreso de los diputados. Su reflexión de calado ha sido la siguiente: “La broma ha terminado”. Algunos jueces ya han dicho que el TC no es “un gendarme de urgencia”. Otros, que Rajoy quiere esconderse tras el tribunal cuando es el gobierno quién debe hacer frente a cualquier contingencia de este tipo.

¿La multa o suspensión de funciones a autoridades públicas o funcionarios es disuasorio a estas alturas? ¿Se puede cambiar la ley que afecta al TC sin consultar con el resto de partidos?


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