Editorial del 12 de mayo de 2015

Cuando la corrupción alcanza la salud de los ciudadanos es cuando nos damos cuenta de que el deseo de enriquecerse de algunos pasa por encima de cualquier consideración no ya ética, sino también humana.

Hoy se ha sabido que 2.800 pacientes, atendidos en 30 hospitales distintos de Cataluña, llevan prótesis de cadera o rodilla caducadas. La empresa Traiber, por razones que aún se están investigando pero que tienen que ver con el trato de favor de la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis, de CiU, pudo vender a esos 30 hospitales unas prótesis caducadas, que incumplían los principales requisitos marcados por la Comisión europea y sin disponer de certificado que autorizase su comercialización.

Esas prótesis se estuvieron colocando hasta finales del año pasado. De los 2.800 pacientes, que serán llamados a revisión, 1.500 fueron intervenidos en el hospital San Joan de Reus. De ese centro público era presidenta del consejo de administración la teniente de alcalde, Gomis. Esta es una pieza separada del escándalo Innova que afecta al ayuntamiento de Reus pero también a un muy amplio entramado de empresas sanitarias.

El asunto está siendo investigado pero sospechamos que para algunos si hacerse rico implica poner en riesgo la salud de unos cuantos miles, no les tiembla el pulso. Después de la repugnancia, ¿qué viene? Pues ahí estamos.


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