Editorial del 27 de febrero de 2015

Un año y medio ha durado en vigor la ley Orgánica del Poder Judicial que impulsó Alberto Ruiz Gallardón en su paso accidentado y reiteradamente equivocado por el Ministerio de Justicia.

El Gobierno, afortunadamente, ha aprobado este mediodía la revocación de la ley de tasas judiciales, de modo que vuelvan a estar como lo estuvieron siempre, es decir, suprimidas para las personas físicas. Ese fue ya el anuncio del presidente en el Debate del Estado de la Nación.

Por otra parte, la unanimidad de la protesta de todo el estamento judicial, también ha provocado que Moncloa rectifique y aumente el número de miembros con dedicación exclusiva al órgano de gobierno de los jueces.

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá ha salido tras el Consejo a contar las novedades, y ha sido meritorio su intento de proteger a Gallardón en su ley de tasas diciendo que ahora sí se podían eliminar porque ha aumentado la recaudación. Pero claro, para las otras enmiendas hechas por el gobierno, no había el pretexto económico.

O sea, 11 meses después de su marcha, ya apenas queda recuerdo de Ruiz Gallardón en el Ministerio de Justicia.