Editorial del 4 de junio de 2014

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce está dando pruebas de una independencia que no debiera ser noticia ni nada excepcional, y sin embargo, lo es.

Si hace 2 meses denunció ante la comisión Constitucional del Congreso que se estaba extendiendo la opinión de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto y que la impunidad de algunos era demoledor para el respeto de las reglas de juego de toda la ciudadanía, hoy ha vuelto sobre ese mensaje con nuevas aportaciones.

Torres Dulce ha dicho esta mañana en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, que la administración pública está invadida por los políticos –entiéndase asesores de todo tipo- que con sus largos tentáculos están causando “un daño irreparable” en el incremento de la corrupción.

Así de claro y contundente se ha manifestado el fiscal general del Estado que pide más medios, policías, guardias civiles, peritos tributarios y lo que haga falta para hacer frente a los escándalos de corrupción.

Está claro lo que hace falta. La decisión es política. Ni más ni menos.


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