Editorial del 10 de marzo de 2014

Que lo justo es una cosa y las sentencias judiciales otra, a veces contrapuesta es una evidencia de la que damos cuenta los medios de comunicación con relativa frecuencia.

Hoy tenemos un ejemplo paradigmático: Los dos exdirectivos de Catalunya Banc que fueron despedidos por el Frob por “incumplimiento grave y culpable de sus funciones”, deberán ser readmitidos o, en su defecto, habrá que abonarles 600 mil euros a cada uno. Un juzgado de lo social de Barcelona ha dado la razón a Adolfo Todó y Jaume Masana, que denunciaron sus despidos por improcedentes. Recordemos que Catalunya Banc cerró 2012 con 12 mil millones de pérdidas, y que el Estado tuvo que inyectar esa cifra astronómica -la segunda más importante tras Bankia- mientras el presidente de la entidad y el consejero delegado se llevaban a casa sueldos millonarios.

Aunque se va a recurrir la sentencia ante el Tribunal superior, lo cierto es que a día de hoy, vamos a pagarles entre todos, un millón doscientos mil euros a estos caballeros, que aún pretendían que la indemnización fuera superior. Que sea legal no solo no tranquiliza, sino que es lo más inquietante. Por no decir obsceno.