Editorial del 12 de febrero de 2014

Quien entró en el juzgado de Palma en la declaración de la Infanta con una cámara sofisticada y camuflada en un ojal, en unas gafas o en un bolígrafo, no las tendrá todas consigo a estas horas.

La irritación que manifestó el juez Castro ante la burla de sus estrictas indicaciones previas, se está manifestando en el interés que la Policía está poniendo para averiguar la identidad de quién grabó las imágenes y las difundió. El juzgado de instrucción 11 de Palma, no sólo ha notificado oficialmente a la empresa que difundió el vídeo que debe dar todos los datos de que dispongan, incluida la dirección IP del ordenador usado, sino que la Policía interrogará a todas las personas presentes en la sala. Entre los treinta abogados que asistieron a la comparecencia y los funcionarios también presentes, la justicia prevé determinar quién lo hizo. Las pesquisas van cerrando el círculo de sospechosos.

Están por ver cuáles serán las consecuencias de la burla de seguridad para quien hizo la grabación, máxime en un país en que se han saltado a la torera sistemáticamente indicaciones parecidas, secretos sumariales y demás. Aunque es posible que esta vez, por ser la Infanta la protagonista, se tomen por primera vez cartas en este asunto.