Editorial del 25 de noviembre de 2013

10 años y 9 jueces después, el expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra ha sido condenado a 4 años de cárcel por fraude fiscal.

La sala le absuelve sin embargo de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Al final, a los grandes padrinos, se les puede buscar las cosquillas solo por asuntos tributarios.

Al artífice del inaudito aeropuerto de Castellón, con escultura propia incluida, el fallo le ha dejado muy satisfecho porque no ha sido condenado ni por cohecho ni por tráfico de influencias. Tal vez sabe que tiene muchas posibilidades de librarse de la cárcel aunque no de pagar casi 700 mil euros, fruto de no haber declarado ingresos de 2 millones entre 1999 y 2004.

Atrás quedan las vicisitudes de 9 jueces, uno tras otro en 10 años y la entereza del último, Jacobo Pin, que tuvo incluso que pedir amparo al Consejo para que le dejaran trabajar sin presiones. Por cierto, que esas presiones llegaban nada menos que de la sección Primera de la Audiencia Provincial.

Preguntada Cospedal este mediodía ha dicho que Carlos Fabra hace tiempo que no tiene cargos en el PP. Olvidó decir que era presidente de la Diputación cuando cometió sus delitos.


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