Editorial del 22 de noviembre de 2013

El juez de la audiencia que lleva todo el affaire Bárcenas, ha hecho público un nuevo auto esta mañana en el que confirma una contabilidad B en el partido popular, con la que se pagó, por ejemplo en 2008, una cifra cercana al millón de euros al arquitecto encargado de la remodelación de la sede madrileña del partido, en la calle Génova.

Aunque el juez Ruz es extraordinariamente cauteloso con las palabras escogidas, escribe con bastante claridad que los pagos al arquitecto Gonzalo Urquijo, al que sí le han registrado la sede de su sociedad, “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en contabilidad oficial sino en la contabilidad paralela o B, llevada en el seno del partido popular”. Esos pagos, por cierto, coinciden, con lo anotado en los papeles de Bárcenas.

El juez imputa uno o varios delitos contra la Hacienda Pública por parte del arquitecto, sí, el arquitecto, mientras Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, solo serían cómplices necesarios.

Si creían ustedes que pagar en negro era tan delictivo como cobrar en negro, al parecer, no es así. No sé si no entendemos nada o si lo entendemos demasiado.