Editorial del 4 de octubre de 2013

Con la lectura este mediodía de la sentencia sobre el Caso Malaya en la Audiencia de Málaga, se marca un punto de inflexión judicial ante la impunidad con la que hasta ahora la corrupción campaba a sus anchas en España.

Aunque el fallo del tribunal ha reducido a la mitad las penas pedidas por el fiscal, José Antonio Roca, el gran padrino y corruptor, nacido en las ubres de Jesús Gil, ha sido condenado a 11 años de cárcel y multa de 240 millones de euros.

El escándalo se destapó hace ya 7 años y fue la primera vez en nuestro país que se puso bajo sospecha a políticos e intermediarios que se enriquecían con suculentos sobornos. El tribunal considera probado que las licencias urbanísticas las concedía José Antonio Roca, según su interés y a cambio de sobres con dinero que luego se repartían los concejales o alcaldes.

La justicia es lenta pero a veces llega. Han pasado 7 años. Tal vez, dentro de otros 7 tendremos ocasión de ver castigados a aquellos que hoy niegan como pueden evidencias claras de grave corrupción.