Editorial del 6 de febrero de 2013

Luis Bárcenas será interrogado mañana por la fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta contabilidad B del partido del que fue tesorero. Lo hará después de haber negado ayer que fueran suyos los cuadernos, la letra de los mismos y todo lo que puede deducirse de su lectura.

Anticorrupción tendrá que averiguar si hay vínculo entre el Caso Gurtel y los 22 millones de euros encontrados en las cuentas suizas de Bárcenas y entre éstas y una supuesta contabilidad paralela del PP. Aunque la opinión pública quisiera cuanto antes tener respuesta judicial a la duda que nos persigue, lo cierto es que solo la tramitación de estas diligencias puede alargarse 6 meses. O sea, hasta septiembre podríamos no saber si se archiva la causa por falta de indicios de delito o se judicializa.

En el segundo supuesto, la instrucción también caería en las manos del juez Ruz. Bien, de Ruz no, de su sucesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el que dejó vacante Garzón. Después del verano finaliza su comisión de servicios y regresará irremediablemente a su juzgado de Collado-Villalba. Cambiar de conductor a mitad de carrera implica, como mínimo, pérdida de tiempo.

La prisa ciudadana no se corresponde con los tempos de la justicia.