Editorial del 15 de enero de 2013

Una de las noticias más importantes del día está pasando más inadvertida de lo que debería.

El tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a España al justificar sin ninguna ambigüedad la decisión de ilegalizar a la formación abertzale ANV. Igual que el gobierno español, entonces presidido por Zapatero, el tribunal Europeo considera que el proyecto político de ANV estaba en contradicción con el concepto de sociedad democrática, y que su ilegalización estuvo más que justificada para “mantener la seguridad y el orden públicos y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

Recordemos que el 22 de diciembre de 2008 el Supremo decretó la ilegalización de la formación próxima a ETA, que luego el Constitucional dio la razón al Supremo y que fue entonces cuando los abogados abertzales acudieron al más alto tribunal Europeo. Se acaba aquí un largo camino recorrido en los tribunales y que suponía la última espada de Damocles sobre España y su decisión de impedir que los compañeros de viaje de los terroristas tuvieran acceso a cargos públicos.

Para valorar la importancia de esta sentencia, basta imaginar las graves consecuencias que hubiera tenido para el Estado, que desde Estrasburgo se hubiera enmendado la plana a la legalidad española.