Editorial del 21 de marzo de 2012

El ministro de Justicia ha contado esta mañana en Antena 3 que el gobierno piensa endurecer las sanciones contra las filtraciones públicas de sumarios, al igual que se propone limitar a un mes el secreto sumarial, salvo excepciones muy concretas en que podrá prorrogarse.

A la espera de cómo se concreta lo que hoy son solo declaraciones en la televisión, cabe recordar que las filtraciones desde los juzgados a los medios de comunicación viene siendo una vergonzosa y habitual costumbre hispana, ante la que juristas de Europa han manifestado siempre auténtico estupor.

También cabe recordar que en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ya hay penas de multa para esas filtraciones, cosa que no ha impedido que antes de todos los juicios, hayamos leído en un medio u otro -según interés de la línea editorial- lo que supuestamente estaba protegido por ley. O sea, bienvenida sea la intención. Ya veremos en qué se concreta: el castigo deberá ser muy severo para cambiar un comportamiento que casi se ha convertido en una tradición. Es buena la intención de Gallardón, y hay que reconocérselo.

Eso sí, acto seguido le han preguntado por el aborto, y se ha atrevido a decir que cuando “colisiona el derecho del no nacido con el de la mujer, hay qué decidir cuál debe prevalecer”. O sea, en su consideración, las mujeres estamos a la altura de un embrión.