Editorial del 10 de febrero de 2011

Los controladores aéreos han recibido hace un par de horas una mala noticia: el tribunal Supremo ni siquiera va a examinar el recurso que el sindicato USCA presentó contra el real decreto que impuso el estado de alarma. Dice el Supremo que cuando el gobierno militarizó el tráfico aéreo lo hizo en el ejercicio de sus facultades y que luego incluso el Congreso de los Diputados convalidó la decisión de prorrogar el estado de alarma.

Si los controladores aéreos tenían, pues, alguna esperanza en que la justicia les diese la razón, ahí tienen la respuesta. El Supremo en este caso entiende lo mismo que la mayoría de la ciudadanía: que aquello fue un error, un inmenso error de los controladores que acabarán pagando a un alto precio.