Editorial del 18 de junio de 2009

Hace un rato el Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de Seguridad Vial, con el voto de todos los partidos de la Cámara, salvo el Partido Popular.

La reforma llega justo tres años después de la entrada en vigor del carné por puntos, un acierto que hoy a la vista del descenso espectacular de muertes, nadie se atreve ya a cuestionar.

Las novedades son, entre otras, el pago exprés de las multas. Si se abona el importe antes de 15 días, el descuento es del 50%. El asunto es ponérselo fácil al que quiere pagar y darle un escarmiento al que se hace el sueco. Por ejemplo, dos multas impagadas por infracciones graves, impedirá que alguien pueda venderse el coche o hacer gestión alguna en Tráfico.

Gobiernos autonómicos de todo signo y ayuntamientos de todos los colores políticos han dado su apoyo a la ley según ha explicado el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cómo es posible, se lamentaba el ministro, que el consenso alcanzado por todos los grupos haya caído a última hora con la sorpresiva abstención del PP?

Un país en el que ni siquiera en temas de todos, como la seguridad vial, se alcanza el acuerdo está condenado a no prosperar. Imagínense si hubiera que pactar cualquier política relacionada con la crisis.

Así no vamos a ninguna parte.


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