España SL

Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 13 de diciembre de 2013

Usted y yo podemos ir tranquilamente por la calle y encontrarnos ante la comisión flagrante de un delito o la intención inminente de cometerlo. Pues bien, sepa que usted y yo estamos autorizados, según el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, a evitarlo, previo placaje, obviamente: los delincuentes no suelen ser tipos amables que atiendan a requerimientos verbales educados.

Si esa potestad la tiene en España cualquier ciudadano desde 1882, ¿qué pretende autorizar exactamente Interior a los vigilantes privados? ¿Hacía falta una ley de seguridad privada para repetir el contenido de los artículos de la ley actual? Como la respuesta es claramente negativa, habrá que pensar mal, que es la única forma de acertar. Se nos informa de que esos vigilantes de seguridad podrán exigir nuestra identificación en las calles que patrullen -sí, en el espacio público-, así como cachearnos, registrarnos el bolso o el coche. No podrán hacernos un interrogatorio, pero acto seguido añade el texto que no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación que se haga de nuestros datos personales. O sea, cambiar el nombre de la cosa para aparentar que es otra.

Para tranquilizarnos, el proyecto de ley resalta que todo se hará en colaboración con las fuerzas de seguridad. Pero ¿eso incluye el acceso a la base de datos policiales para hacer eficazmente las comprobaciones? ¿Inspira seguridad que una empresa privada maneje información de los ciudadanos que solo debe estar al alcance del Estado? La propia policía y la Guardia Civil, a través de portavoces, han alertado de los muchos problemas que surgirán entre vigilantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Cuando se extralimiten o equivoquen gravemente, ¿dónde reclamaremos? ¿En la sede de la empresa privada para la que trabajan?

Negocio para unos pocos

España parece hoy una SL, una sociedad (muy) limitada a la que expropian cada mes parte del patrimonio. Detrás de cada privatización -siempre negada- nos venden eficacia, cuando solo es negocio para unos pocos. No, desde luego, para los vigilantes que pagaremos los contribuyentes a precio de policías -cuando protejan edificios públicos- aunque su empresa les pague a ellos la mitad. Márgenes empresariales, ya saben. Lo privado pagado con dinero público. Las cuentas del Estado no ahorrarán un céntimo, pero el lobi de la seguridad privada subirá extraordinariamente su facturación. En tiempos de apreturas hay los mismos jinetes pero pocos caballos, así que hay que abrir nuevos modelos de negocio.

Por último, ¿han reparado en que el proyecto tuvo los votos de PP, PNV y CiU? La derecha siempre da lecciones de coherencia: se enfrentan por las banderas pero se fuman un puro en cuanto hablan de pasta. Llega un nuevo nicho de negocio privado a cuenta de la seguridad pública.


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