Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 26 de abril de 2013

Hace cinco meses, Savita Halappanavar, una dentista de origen hindú residente en Irlanda, murió en el Hospital de Galway porque los médicos se opusieron tajantemente a practicarle un aborto. No importó que no fuera irlandesa ni católica: la ley es igual para todos y la Constitución irlandesa reconoce el mismo derecho al no nacido que a la mujer que lo lleva en su vientre.

Savita y su marido esperaban con ilusión ese hijo hasta que en la decimoséptima semana algo empezó a ir mal. En urgencias observaron que el cuello de su matriz estaba dilatado, perdía líquido amniótico y por tanto la supervivencia del feto era prácticamente imposible. Pero el corazón de aquella criatura seguía latiendo mientras la infección se extendía por el cuerpo de Savita.

De nada sirvieron sus ruegos y los de su marido para acabar con aquella agonía: solo cuando el corazón del feto de 17 semanas de gestación, dejó de latir, abrieron el útero de Savita para intentar la salvación de la madre. Demasiado tarde. Murió al día siguiente de una septicemia, una infección generalizada. Los médicos alegaron que no interrumpieron el embarazo porque no estaban seguros de que la madre corriese peligro de muerte.

¿Le gusta el modelo irlandés a Alberto Ruiz-Gallardón? El ministro de Justicia pronunció el miércoles una frase en sede parlamentaria que varias generaciones de mujeres y hombres no creímos que volveríamos a escuchar en boca de un gobernante: «No hay prevalencia de los derechos de la mujer sobre los del no nacido». O sea, la mujer como incubadora.

No sabemos a ciencia cierta qué está tramándose en el ministerio de Gallardón, salvo lo ya avanzado: pretende derogar la ley de plazos, vigente en la mayoría de países europeos, para volver a una ley de supuestos tan restrictiva que ni siquiera la malformación fetal sea razón para interrumpir el embarazo.

El modelo

¿Cuál es su modelo? ¿La abolición, como en Malta?, ¿la restricción polaca que provocó que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos -sí, de Derechos Humanos- condenase al Estado por impedir el derecho de una adolescente al aborto hace solo medio año? La joven, víctima de una violación, topó con un ginecólogo que por creencias religiosas no solo se negó a practicárselo sino que vulneró el secreto profesional y pidió a un cura que la convenciese de tener ese hijo. Polonia, Malta, Irlanda. Esos son los espejos católicos en que quiere mirarse la Conferencia Episcopal Española.

La prohibición del aborto no lo elimina, condena a muchas mujeres a la clandestinidad y a poner su vida en riesgo grave. No es el caso de las que pertenecen a la clase social del ministro, que no tendrán problema económico alguno para tomar un vuelo de fin de semana. Igual que en los años 70.

Dice el ministro que la reforma estaba en su programa electoral. Va a resultar que lo único que cumpla este Gobierno sea el control de nuestro vientre. Rouco no se conforma con menos.