Editorial del 16 de marzo de 2012

Uno que no creemos que vote en las elecciones andaluzas -aunque probablemente podría hacerlo por correo- es el antiguo director general de Trabajo.

Javier Guerrero, en la cárcel desde el sábado, ha sabido este mediodía que la juez Mercedes Alaya le ha impuesto una fianza civil de 686 millones de euros. La cantidad pretende hacer frente a la responsabilidad civil para devolver los importes defraudados si la sentencia cuando llegue considera tal cosa. El inventario de delitos imputados al Sr. Guerrero van desde la malversación, el fraude y la prevaricación hasta la falsedad en documento mercantil y documento oficial.

La única alegría que puede tener hoy el presidente Griñán, es que la jueza ha rechazado expulsar a la Junta de Andalucía como acusación particular en el proceso. Eso, de momento, les permite salvar la cara en plena campaña electoral. Cuando llegue el juicio, ya se verá.


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