¿No éramos todos iguales ante la ley?

Editorial del 28 de noviembre de 2012

Esto de la restructuración del sistema financiero español es lo más parecido para el cuerpo social a la sanguijuela que en otros tiempos colocaban los médicos en el cuerpo de los enfermos.

La cifra del rescate bancario para España ha quedado hoy fijada en Bruselas en 37 mil millones de euros, de los cuales la mitad son para Bankia. Según un comunicado de la entidad, los pequeños inversores – o sea, los que pusieron todos o parte de sus ahorros en participaciones preferentes de Bankia- perderán casi el 40% de su inversión. Así, sin anestesia ni otras contemplaciones paliativas. Por imposición de Bruselas -según la entidad- y para limpiar el balance y volver a los beneficios dentro de un año, Bankia deberá también vender sus participaciones industriales, cerrar más de mil oficinas y despedir a 6 mil de sus empleados, casi el 30% de la plantilla.

Ahora bien, esos trabajadores del sector bancario en general, que sean despedidos en los próximos meses, no van a sufrir en sus carnes los rigores de la reforma laboral vigente. Así, como lo oyen: El Ministerio de Economía, el Banco de España y la patronal bancaria han acordado que los miles de futuros despedidos cobren una indemnización superior a los 20 días por año trabajado que marca la reforma laboral. Nos alegramos por ellos, desde luego, pero ¿no éramos todos iguales ante la ley? ¿Por qué hay que hacer excepciones con los cajeros del banco y no por ejemplo, con las cajeras de un supermercado? Para empezar, las segundas no han sido intermediarios necesarios para dilapidar los ahorros de miles de personas.


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