Editorial del 14 de febrero de 2011

Si el viernes nos escandalizábamos de los 25 millones que iban a repartirse 10 ejecutivos de Caja Madrid de la anterior etapa, hoy por hacer justicia, hay que felicitarse de que el consejo de Administración presidido por Rato haya decidido por unanimidad finalizar el programa de incentivos, no renovarlo y, lo que es mejor aún, no reconocer el derecho de cobro que esos 10 directivos tenían firmado para el período 2007-2010. Lo que dice la Comisión de Retribución es lo que dice el sentido común y, si me permiten, la ética más elemental: que no era de recibo que una Caja que ha solicitado más de 4 mil millones de ayudas públicas, premiase a su alta dirección con 25 millones a escote.

No sabemos a quién atribuirle el mérito: si, sobre todo, a Rodrigo Rato o a la presidenta de la Comunidad. No hay duda de que Esperanza Aguirre habrá hecho oír su voz. Por de pronto, si nos enteramos la semana pasada de que el cobro era inminente, es porque la Comunidad de Madrid filtró que se oponía. A veces, la única forma de que ocurra algo legal pero amoral es decirlo alto para abochornar a sus protagonistas.