Editorial del 26 de octubre de 2010

Hace 3 meses el gobierno de Sarkozy remitió al de Zapatero un listado de clientes españoles que tenían cuenta en Suiza. La información procedía del robo de un ex-empleado del banco suizo más importante. Con ese listado, a mediados de junio de este año la agencia tributaria española envió una carta en tono amable a los contribuyentes titulares de esas cuentas. Hablamos de unos 1500 españoles que se calcula que han ingresado en cuentas suizas más de 6 mil millones de euros. Casi nada. En la carta se daba de plazo hasta final de mes para ponerse en paz voluntariamente con el erario español.

La respuesta de los “pillados” a esa primera misiva fue minoritaria . Al parecer, los abogados han aconsejado a este “selecto grupo de patriotas” que resistan la presión porque abrigan la esperanza de que datos conocidos tras el robo de un empleado de banca despechado, puedan ser desestimados por los tribunales. En espera de que los tribunales decidan, Hacienda no se ha quedado cruzada de brazos y ha emprendido un método más disuasorio ante el silencio de los lobos: encargar una inspección fiscal primorosa.

La noticia del día es que esta mañana ha comparecido en el congreso el secretario de Estado de hacienda, Carlos Ocaña, para revelar cuánto ha recaudado la agencia tributaria sólo de los que voluntariamente han decidido dar el paso. Agárrense, la cifra asciende a 260 millones de euros sólo en concepto de IRPF. Aún quedan otros impuestos que aplicar a lo defraudado, como el impuesto de patrimonio. 260 millones de euros son suficientes, por ejemplo, para pagar la pensión de 300 mil jubilados.


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