Editorial del 25 de mayo de 2009

Cuando alguien está imputado en la comisión de un delito, más aún cuando esa persona tiene una función pública que desempeñar, en la que dignidad y credibilidad son fundamentales, entonces hay que dimitir. Evidentemente una imputación no es una condena. Un imputado es la persona contra la que se dirige un procedimiento penal. Y ese procedimiento puede acabar tanto con la absolución como con el veredicto de culpabilidad... Un imputado sólo es eso, o es eso nada más y nada menos.

Pues bien, presionado por sus compañeros de profesión y pérdida la confianza del jefe, ha dimitido el juez decano de Barcelona, don José Manuel Regadera.

Recordarán el lamentable episodio del que aquí dimos cuenta: el dos de abril, el juez y su esposa, notaria, acabaron en comisaría por agresiones mútuas. Hacía poco que se habían casado y él presuntamente la maltrató en una discusión en la que le confesó que le era infiel con otra.

Aunque el ya ex-juez decano no tenía intención de dimitir, una carta firmada por 18 de los 33 jueces de instrucción de Barcelona, le ha hecho cambiar de opinión. “No puedo seguir representando a los jueces de Barcelona”. Con esa frase ha dejado su cargo esta mañana.

El juicio se verá en septiembre. Hasta entonces, presumiremos su inocencia. Y él mientras tanto, y por si acaso, deja el cargo.


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