Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 2 de noviembre de 2012
Democracia es que cuando llaman a la puerta de noche solo pueda ser el lechero. Frase mítica de Winston Churchill, pronunciada en un tiempo en el que en España, por cierto, la cosa podía ser sinónimo de no ver amanecer nunca más.
Hoy un timbrazo puede significar un desahucio inmediato. Hay avisos judiciales la primera vez, pero si la 'melé' organizativa de amigos, vecinos o plataformas diversas lo impiden, vuelven sin cita previa para cumplir la ley. Cada día se producen en España más de 500 ejecuciones hipotecarias; desde que empezó la crisis los desahucios suman 400.000 y, entre ellos, como hemos visto con nuestros ojos en los medios, hay ancianos, familias con niños pequeños, personas con discapacidad... O sea, un mosaico de miseria y tristeza que, al parecer, solo conmueve a los flojos de espíritu, a los que no hemos entendido que "el abajo firmante" de todas esas hipotecas es el único culpable de su suerte.
Pues bien, nacimos en un país en el que alquilar era más caro que comprar. «Un alquiler es tirar el dinero», decían nuestros mayores. Los jefes de personal, incluso, consideraban garantía de fiabilidad para el aspirante a cualquier puesto, que este tuviera hijos pequeños y estuviera hipotecado. ¿Quién iba a tontear en el trabajo con tan altas responsabilidades?
Por si esa cultura de la propiedad, transmitida durante varias generaciones, no fuera suficiente, allí estaba el simpático director de la caja o banco que frecuentábamos. Empezamos por ingresar nuestra nómina y domiciliar nuestros recibos, y acabamos tejiendo una relación de confianza que hoy, los 'hooligans' de la bárbara legalidad hipotecaria vigente, recriminan con mucha soberbia a los incautos hipotecados.
Cortesía para la banca
Ahora, llegado el tiempo del hambre, cualquier español puede quebrar sin despertar la más mínima conmiseración. Nos han convencido, eso sí, de que los bancos deben ser protegidos por encima de todo y, si es preciso, por encima de nuestro cadáver. Por eso el sector financiero se llevó durante el 2010 prácticamente la totalidad de las ayudas públicas, casi 90.000 millones, pagados a escote por la ciudadanía. Ahora siguen recibiendo dinero del Banco Central Europeo (BCE) a interés 0 y no tienen que empezar a devolverlo hasta dentro de tres años. Una cortesía que desde luego ellos no aplican a sus deudores.
Tal es la brutalidad, que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales comparecieron conjuntamente esta semana para denunciar que las entidades financieras colapsan los tribunales y están convirtiendo "los juzgados en sus oficinas recaudatorias". Hasta los jueces detestan la ley que están obligados a aplicar.
La pelota está en el tejado de la Moncloa. Con la resolución y la celeridad que lo caracteriza, Rajoy dijo el miércoles que "estamos estudiando nuevas medidas porque se ven hechos dramáticos". Para cuando decidan alguna cosa, habrán vuelto a llamar a miles de timbres españoles. Y no será el lechero.