Artículo publicado en la sección 'Al contrataque' de la edición del día 7 de diciembre de 2012
Hace hoy una semana, en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó no revalorizar las pensiones -hubiera sido extravagante cumplir alguna promesa electoral- se acordó también la creación de un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios. Un asunto escandaloso al que los medios hemos dedicado poco o ningún espacio, seguramente porque había otras cosas a las que atender.
Resulta que el Gobierno se ha sacado de la manga -o tal vez habría que decir que del cubilete, porque es más trampa de trilero que de mago- un nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios. Hablamos de un nuevo tributo impuesto a los bancos, que no parece que hasta la fecha hayan hecho sacrificios, siquiera parecidos, a los que sí ha soportado el resto de la ciudadanía. Suena bien, ¿verdad? Pues no se hagan ilusiones, porque lo que ha creado el Gobierno es un filtro, una especie de condón protector para que nadie toque a la banca. Resulta que algunas comunidades autónomas, como Extremadura, Andalucía, Canarias y próximamente Asturias y puede que incluso Catalunya -hay una propuesta de ERC-, habían aprobado un nuevo gravamen para los bancos. Estos tendrían que contribuir con un mínimo porcentaje sobre todos los depósitos de sus clientes, entre el 0,3% y el 0,57% según cada Gobierno autonómico. Considerando la terrible anorexia económica de las comunidades, obligadas a cumplir con un déficit mucho más estricto del que se reserva para sí la Administración central, y dado que los servicios sociales y lo que aún llamamos el Estado del bienestar depende básicamente de los gobiernos autónomos, era lógico que buscasen alguna fuente de ingresos distinta de la habitual. O sea, no cargando a las familias con más impuestos o recortándoles derechos. Se fijaron entonces en el sector bancario y creyeron, ilusos, que eran gobiernos autónomos y, por tanto, libres de decidir. No calcularon que el que no es autónomo respecto de las entidades de crédito es el Gobierno de Rajoy.
Diez años después
El primer intento de impedir el impuesto bancario autonómico -instaurado por Ibarra en Extremadura- lo protagonizó el Gobierno de Aznar hace 10 años presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y eso que eran tiempos de vacas gordas. Una década después acaba de llegar el fallo: el alto tribunal avala la iniciativa. Ante tamaño contratiempo, algún genio tuvo una brillante idea: como los impuestos estatales prevalecen sobre los autonómicos y dos administraciones no pueden gravar el mismo hecho, el Ejecutivo central crea el mismo impuesto pero… al tipo 0%. Cero patatero. O sea, se bloquea cualquier posibilidad de que las entidades de crédito aporten un céntimo a las arcas públicas autonómicas.
El Gobierno central alega que su deber es garantizar la unidad de mercado, una unidad rota hace mucho tiempo sin que nadie se haya despeinado para impedirlo. La realidad está desnuda: se puede morder el bolsillo de todos, pero a los bancos, ni tocarlos. El Gobierno es su mejor guardaespaldas.